El Instituto Peruano de Paternidad Responsable – INPPARES expresa su rechazo a todo tipo de violencia ejercida contra cualquier ser humano, en especial contra las mujeres. Hace unos días, un grupo de mujeres y un hombre fueron capturados y secuestrados por la base ronderil del anexo de Carhuacocha, del distrito de Chillia en la provincia de Pataz, región La Libertad, por supuestas prácticas de brujería. Durante más de una semana, estas personas han sido torturadas y violentadas psicológicamente, hasta que se vieron forzadas a aceptar la presunta autoría de estos actos, los que supuestamente habrían causado la muerte de terceros.
La Defensoría del Pueblo ha recordado que está proscrito todo acto de tortura y actos de violencia que afecten la dignidad, la integridad y la vida de las personas. Del mismo modo, señaló que si bien, de acuerdo a la Ley 27908, las rondas campesinas “apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades, colaboran en la solución de conflictos, así como realiza funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial”, estas actuaciones deben realizarse en estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas, a la luz del artículo 149 de la Constitución Política y los alcances del protocolo de Estambul, aprobado por la ONU.
Esta lamentable situación reafirma lo necesario e imprescindible que es continuar con la implementación de una Educación Sexual Integral desde la escuela. Ello permitirá una relación más sana e igualitaria entre mujeres y hombres, para erradicar conceptos erróneos sobre los roles de género que muchas veces ocasionan un actuar violento y sin capacidad de discernimiento para pensar en el daño a la otra persona.
Brindamos nuestra solidaridad al grupo de mujeres y al varón cuyas edades fluctúan entre los 50 y 79 años. Por ello solicitamos a las y los integrantes de las rondas campesinas que enmarquen su actuación dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
Así mismo, nos unimos al pedido del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Defensoría del Pueblo para que el Ministerio Público actúe e investigue con prontitud lo sucedido, y que el Poder Judicial no deje impune lo que, a todas luces, constituye un delito en contra de los derechos.
Como institución defensora de los derechos de todas las personas, reiteramos nuestro rechazo a todo acto de tortura, violencia y abuso en contra de otro ser humano.
Lima, 15 de julio de 2022
